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Plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias

Análisis del plan para la protección de la salud frente a las pseudoterapias

Como por todos es sabido, puesto que ha tenido bastante repercusión en los medios de comunicación, por parte del actual Gobierno del PSOE, a través del Ministerio de Sanidad, Consumo y Bienestar Social y el Ministerio de Ciencia, Innovación y Universidades, el pasado 14 de noviembre de 2018 se ha presentado un plan de acción para combatir las pseudociencias y sus efectos a través de distintas iniciativas.

Dicho plan de acción, sin duda, puede afectar directamente al ejercicio de las terapias naturales por profesionales no sanitarios, por lo que resulta necesario para poder realizar una valoración.

En principio, parece claro que los principios inspiradores de esta propuesta son los que han venido defendiendo determinadas asociaciones con escasa representatividad, al que ha sumado un concreto partido político que han venido alimentando una determinada corriente contraria al ejercicio de las terapias naturales, ya sea por personal sanitario o no sanitario. Buena prueba de ello es la utilización de la semántica propia de esta corriente ideológica que, de forma despectiva, han ido señalando las técnicas que ejercen los profesionales de las terapias naturales bajo los términos de pseudoterapia o pseudociencia.

Lógicamente, en nuestro ordenamiento jurídico actual, la utilización de términos tan abstractos como pseudoterapia o pseudociencia no encuentra fácil acogida, la propia definición que contiene el plan de acción resulta francamente confusa.

La influencia de esta corriente ideológica evidentemente ha dejado su sello en el contenido del plan de acción, al menos se reconoce así en la parte final del texto cuando señala que se han considerado las propuestas de actuación realizadas por la Asociación para Proteger al Enfermo de Terapias Pseudocientíficas, Circulo Escéptico, Farmaciencia, Red de Prevención Sectaria y del Abuso de Debilidad y Sociedad para el Avance del Pensamiento Crítico.

Teniendo claro cuales han sido los agentes impulsores de estas medidas, cabe preguntarse cuál es su representatividad y los motivos por los que no han sido invitadas a participar asociaciones más representativas que hubieran podido aportar un punto de vista distinto, puesto que los citados agentes promotores del plan de acción comparten la misma ideología.

Entrando en el fondo del plan de acción y, en especial, en las modificaciones normativas que se proponen, la verdad es que la conclusión es que en su gran mayoría son innecesarias, así:

  • La pretensión de modificar el Real Decreto 1277/2003 para desarrollar la necesidad de que las personas sean informadas no es necesaria, puesto que ya está regulada por la propia Ley de Autonomía del Paciente, en cuyos artículos 4 y 8 regula perfectamente el contenido de la obligación de informar al paciente.
  • La idea de corresponsabilizar a los titulares de medios de comunicación o locales por la publicación o promoción de las denominadas pseudoterapias resulta cuando menos sorprendente. Sin duda dicha medida va a generar temor e inseguridad jurídica, puesto que hace depender esta corresponsabilidad sobre la base de criterios poco claros. El resultado es que se crea una herramienta perfecta para que alguna de estas asociaciones, promotoras de este plan de acción, presenten denuncias masivas ante las Consejerías de Sanidad, por cierto, ya lo hacen y con muy poco éxito.

 

  • Otra medida que llama la atención es la tiene por objeto reforzar los artículos del Real Decreto 1277/2003 que correspondan, por supuesto no se concreta, para evitar el intrusismo. Sin duda, en este caso, se debe tratar de una propuesta planteada por estos agentes promotores de este plan y que no ha sido revisada o estudiada lo suficiente por el Ministerio.

 

La modificación del RD 1277/2003 por el que se establecen las bases generales sobre autorización de centros, servicios y establecimientos sanitarios, no parece ser el texto legal idóneo para evitar el intrusismo. Dicha figura esta tipificada como delito en nuestro Código Penal, por lo que resulta mucho más razonable estudiar si procede o no tomar medidas respecto a su regulación en el citado texto legal.

 

Respecto a esta propuesta, les convendría revisar el texto del Real Decreto 1277/2003, ya que no contiene ni una sola mención al término intrusismo, resulta difícil reforzar algo cuando no existe mención alguna en el texto que se pretende reforzar.

 

  • Las medidas relativas a la formación, a priori, parecen ausentes de contenido real y parecen una declaración de intenciones con poco recorrido, puesto estamos convencidos de que ya se persiguen los principios del conocimiento y la evidencia científica en el ámbito formativo.

 

  • El endurecimiento de las sanciones y el desarrollo reglamentario inciden en los principios que informan este plan de acción: intervención y la prohibición. Se deja de lado la regulación que, realmente, es lo que demanda la sociedad.

 

En definitiva, parece que el actual Gobierno del PSOE, en vez de acometer una regulación de las terapias naturales desde un plano positivo, ha optado por dejarse llevar por esta corriente minoritaria que tienen como finalidad la prohibición y persecución de los profesionales de las terapias naturales, en contra de los criterios que siguen la mayoría de los Estados Miembros de la Unión Europea que han optado por la regulación.

Conviene recordar que el PSOE llevaba en su programa político la regulación de las terapias naturales.

 

Departamento Jurídico de Cofenat
www.cofenat.es

 

 

 

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